2.8.2026

El organismo se prepara para recibir los aportes de afiliados que financiarán transitoriamente el llamado «seguro social». Su presidente dice no tener «inconvenientes» con cambios al instrumento, siempre y cuando siga siendo sostenible.

Hace exactamente un año, se constituyó y empezó a funcionar el llamado Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Es el organismo creado en la reforma de pensiones para gestionar y financiar los beneficios creados por el «seguro social». El presidente de su Consejo, Enrique Marshall, describe el proceso como «un tiempo muy intenso», con varias tareas por cumplir en un período corto de tiempo.

Hoy ya están instalados en uno de los edificios de Santiago Downtown con una dotación de unas 50 personas. En el futuro, Marshall proyecta a esta entidad con la reputación institucional del Banco Central, la Contraloría, o los fondos de pensiones de Canadá o Noruega. Cree que han avanzado satisfactoriamente en el «cara y sello» de la institución: de cara a los afiliados, con la entrega de beneficios, y de cara al mercado, con la reciente licitación de su cartera de inversiones.

Este mes, se preparan para otro de sus desafíos más relevantes: la cotización previsional vuelve a aumentar en un punto —completa 13,5%—, donde el 90% de los nuevos aportes son, en la práctica, un préstamo desde los afiliados para financiar los beneficios que gestiona el FAPP. Es un reto administrativo, pero también cultural, dice Marshall: «Es un tema muy importante despejar toda duda respecto a nuestras actuaciones».

—Se ha dicho bastante que el préstamo es «subóptimo» en materia de rentabilidad, comparado con lo que obtendría en una AFP. ¿Lo comparte?

«Este es un mecanismo que quedó establecido en la ley y yo no participé activamente durante la implementación, entonces no tengo todos los elementos, pero debo suponer que fue el mecanismo que se estimó más conveniente dentro de los que eran factibles de implementar o poner sobre la mesa».

«Si se llegó a eso es por alguna razón. Es una rentabilidad protegida, no emana de la cabeza de un experto, sino que de alguna manera recoge condiciones de mercado. Tiene también un valor que sea protegida, cualquier aval del Estado, cualquier protección en ese sentido tiene un valor. Se podrá discutir cuánto es ese valor, pero de que lo tiene, lo tiene».

—Pensando en los afiliados, ¿usted les da la tranquilidad que no es nada muy distinto a lo que hacen las AFP?

«Todo esto va a fluir a través del mercado de capitales, no estamos hablando de ningún mecanismo distinto, ajeno (…), con instrumentos que están definidos, con rentabilidades que están establecidas en la misma ley. No estamos hablando de algo radicalmente distinto, y con el agregado de que hay una garantía del Estado, que no es un asunto menor. Yo creo que los afiliados pueden tener la completa garantía de que esto está debidamente protegido».

—¿Cuánto les complicaría que esto se elimine, como propuso el Presidente José Antonio Kast en su programa, con el «Chao préstamo»?

«En este orden de cosas uno tiene que distinguir entre medios y fines. El fin aquí es entregar un beneficio a los pensionados, eso es lo importante. Los medios son los medios, y siempre es posible evaluarlos, modificarlos. Si el Ejecutivo estimase conveniente abrir esa discusión, nosotros no tenemos inconveniente, no podríamos formular ningún reparo, nos corresponde. Y debemos contribuir a esa discusión con los antecedentes técnicos necesarios, porque evidentemente que si se sustituye por otro mecanismo, tenemos que evaluar su sostenibilidad. La evaluación de los méritos de uno u otro, es un tema que tiene que resolver el sistema político”.

—Mientras sea sostenible, el medio no es un tema que les preocupe en particular.

“Efectivamente”.

El reto en sostenibilidad

Los pagos del “seguro social” son cuantiosos, y el Fondo tiene el desafío de enfrentarlos con estrechez financiera en una primera etapa. En el largo plazo, sin embargo, la ley establece que sus obligaciones se van extinguiendo, pero sus aportes se mantienen, acumulando grandes cantidades de recursos.

—¿Es adecuado que se produzca esa acumulación?

“La ley contempla un mecanismo si se producen excedentes o una acumulación que vaya más allá de las necesidades del fondo. En esa circunstancia, el Consejo debería representarle a la autoridad superior del país que se ha producido esa acumulación y que podría ser recomendable proceder a un ajuste a los parámetros del modelo. De manera tal que yo descartaría un escenario de acumulación indefinida de recursos”.

—¿Cuánto compromete su sostenibilidad el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), pensando que la última licitación arrojó primas más altas de las que contempló la ley?

“El seguro de invalidez es un factor de riesgo, está ejerciendo presión. Las tendencias que hemos observado aumentan el riesgo de incurrir en un escenario de insostenibilidad, pero eso tenemos que evaluarlo con el informe actuarial. No lo podemos en este momento conjeturar, tenemos que ser muy serios en cuanto a lo que recomendemos, no pueden ser meras opiniones, juicios dichos al pasar”.

—¿Les preocupa el alza sostenida en la demanda que ha tenido?

“Eso es así. Los costos han ido aumentando (…). Todos coincidimos que hay una tendencia, pero esto tiene que ser modelado correctamente. Durante la tramitación del proyecto de ley, el SIS entró en los análisis cuantitativos en forma, se lo incorporó en forma un poquito simple, porque todo esto ocurrió muy al final del proceso de tramitación de la ley. Por ejemplo, se dijo: vamos a considerar una prima de 1,5%, y se proyectó hacia adelante por 75 años. Si bien es una primera aproximación, que puede ser útil, no es necesariamente un supuesto completamente satisfactorio”.

FUENTE: El Mercurio